
El acceso a la financiación de automóviles puede aumentar y volverse más baratoen función de un fallo del Supremo Tribunal Federal.
La cuestión que se está juzgando es sobre la aplicación de la Ley del Marco Legal de las Garantías, aprobada en 2023, que facilita los mecanismos de búsqueda e incautación de bienes en caso de morosidad, en este caso, los vehículos. Uno de los motivos tradicionalmente alegados para los altos intereses de las financiaciones en Brasil era que la incautación de los bienes, en caso de atraso o impago, demoraba demasiado, lo que aumentaba el riesgo de la operación financiera. La ley fue creada justamente para facilitar esa incautación, de forma extrajudicial, evitando largos procesos en la justicia.
Aunque la legislación ya está en vigor, su aplicación en la práctica todavía se restringe a dos Estados, São Paulo y Mato Grosso do Sul, donde hubo regulación específica e integración entre Detrans, registradoras e instituciones financieras. La falta de estandarización nacional, sin embargo, limita la expansión del modelo y mantiene el sistema de crédito dependiente, en gran parte, del Poder Judicial, lo que encarece y prolonga la recuperación de bienes. El fallo del STF debe dar claridad a la forma de aplicación de la ley y sus exigencias.
La definición sobre la aplicación exacta de la ley puede mejorar las condiciones de crédito para la compra de autos, motos y vehículos en general. Según datos de B3,7,3 millones de vehículos fueron adquiridos con financiación en 2025. En los primeros tres meses de 2026, se registró el mejor resultado en ventas de vehículos financiados desde 2008, con 1,89 millones de contratos realizados. “Con un sistema más previsible, las instituciones logran valorar mejor el riesgo, lo que puede contribuir, a mediano y largo plazo, a ampliar el acceso al crédito”, explicó Paulo Noman, presidente del banco GM, ligado a General Motors.
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